Ciudadanos de EE. UU. detenidos por ICE: qué hacer y cuáles son tus derechos ante una revisión migratoria

Una investigación del medio de comunicación ProPublica reveló que más de 500 ciudadanos estadounidenses fueron arrestados por autoridades migratorias de Estados Unidos en un periodo inferior a dos años. El informe documenta múltiples casos en los que agentes de control migratorio pusieron en duda la autenticidad de los documentos de identidad e ignoraron el estatus legal de personas nacidas dentro del territorio nacional.

Cifras clave sobre las detenciones de ciudadanos por autoridades migratorias

El reporte periodístico expone diversas irregularidades ocurridas durante las intervenciones en las calles y comunidades del país. Entre los datos recopilados en la investigación destacan los siguientes números:

• Más de 500 ciudadanos afectados: Personas con nacionalidad estadounidense terminaron en custodias o bajo arresto en menos de 24 meses.
• Cuestionamiento de documentos: Al menos 100 ciudadanos sufrieron privación de libertad tras ver cómo los funcionarios ponían en duda sus identificationes oficiales.
• Menores de edad bajo custodia: Se contabilizaron al menos 70 niños y adolescentes estadounidenses arrestados, observándose casos donde algunos fueron esposados por los agentes.
• Detenciones por grabar: Un total de 63 ciudadanos resultaron arrestados por filmar operativos migratorios con sus teléfonos u otros dispositivos.
• Incomunicación e imposibilidad de defensa: Al menos 36 personas permanecieron retenidas durante un día entero o más tiempo sin recibir acceso a llamadas telefónicas para comunicarse con un abogado o con sus familiares.

Deportaciones indebidas y firmar documentos bajo presión

La investigación de ProPublica confirmó que cerca de 12 ciudadanos estadounidenses sufrieron deportaciones fuera del país, correspondiendo la mayoría de estos casos a menores de edad.

Uno de los casos documentados de manera detallada es el de Brian Morales, un joven de 25 años nacido en Denver, Colorado. Morales fue arrestado en el estado de Texas y deportado hacia México en el mes de abril, luego de recibir presiones por parte de las autoridades para firmar la orden de expulsión. El joven permaneció en suelo mexicano hasta el mes de agosto, cuando pudo regresar a Estados Unidos gracias a una resolución judicial favorable dictada por los tribunales. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, ha presentado una demanda formal contra el gobierno federal.

Asimismo, en la ciudad de Houston se registró en video la detención del joven Arnoldo Bazán, de 16 años, quien fue arrestado junto a su padre durante una intervención en el mes de octubre.

Frente a estos escenarios, expertos legales como el abogado de migración Haim Vásquez advierten que determinaciones de la Corte Suprema que permiten detenciones fundamentadas en el idioma que habla una persona o en su apariencia física terminan vulnerando los derechos constitucionales de los propios ciudadanos estadounidenses.

La postura del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

De acuerdo con la investigación, la administración del presidente Donald Trump no lleva estadísticas oficiales sobre el número de ciudadanos norteamericanos que son arrestados por agencias migratorias.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que sus agentes poseen la potestad legal para interceptar e interrogar a cualquier persona sobre la cual exista una sospecha razonable de carecer de estatus legal en el país. No obstante, la institución gubernamental rechaza las acusaciones y niega haber arrestado o esposado a menores de edad que tengan la ciudadanía estadounidense.

Derechos fundamentales que debes conocer ante una detención

Los datos expuestos por la investigación de ProPublica y analizados en el informe de El Diario NY ponen de manifiesto la importancia de conocer las protecciones legales vigentes para cualquier habitante en Estados Unidos:

• Derecho a guardar silencio y pedir un abogado: Ninguna persona está obligada a responder preguntas sobre su origen o estatus sin la presencia de un representante legal.
• No firmar documentos sin asesoría: Casos como el de Brian Morales demuestran el riesgo de firmar salidas voluntarias u órdenes de deportación bajo presión física o psicológica. Se debe exigir hablar con un abogado antes de colocar cualquier firma.
• Derecho a una llamada telefónica: La ley garantiza la posibilidad de contactar a un abogado o a un familiar para notificar una detención.
• Grabar intervenciones en espacios públicos: La ciudadanía tiene el derecho legal de documentar la actuación de agentes en la vía pública, siempre que no se interfiera físicamente con las labores de las autoridades.