Demandan al DHS por arrestos de inmigrantes sin orden judicial: estados y claves del caso

Una coalición compuesta por 22 fiscales generales estatales ha acudido ante un tribunal federal para respaldar una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La acción legal busca frenar los arrestos civiles de inmigrantes realizados sin una orden judicial previa, argumentando que estos operativos violan la legislación vigente, omiten las garantías procesales básicas y generan impactos negativos severos en la economía y en las familias de Estados Unidos.

El grupo de funcionarios presentó un escrito de amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Este recurso respalda formalmente el litigio conocido como Escobar-Molina contra el DHS, en el cual se cuestiona directamente la práctica del gobierno federal de ejecutar detenciones migratorias de carácter civil sin contar con la autorización explícita de un juez.

¿Qué establece la ley sobre los arrestos sin orden judicial?

La normativa federal vigente impone condiciones muy estrictas para que los agentes de migración puedan privar de libertad a una persona sin una orden previa. De acuerdo con la ley, un agente federal únicamente está facultado para realizar un arresto sin orden cuando concurren dos factores indispensables:

• Motivos fundados: Existencia de evidencia clara para determinar que la persona se encuentra en el país de manera indocumentada.
• Riesgo inminente de fuga: Razones objetivas para evaluar que la persona podría escapar o evadir a la justicia antes de que se pueda solicitar y obtener una orden judicial formal.

En el escrito presentado ante la corte de apelaciones, los fiscales estatales sostienen que las autoridades federales ignoran de forma sistemática el requisito de realizar una evaluación individualizada sobre el verdadero riesgo de escape de cada persona antes de proceder con su detención.

Tácticas bajo la lupa: uso de capuchas y falta de identificación

El reclamo presentado por los fiscales de los estados pone un énfasis especial en las formas y metodologías utilizadas por los agentes del DHS durante los operativos en las comunidades. En el documento judicial se denuncia que durante las intervenciones se emplean elementos que incrementan la desconfianza y la angustia en la población local.

Entre las prácticas cuestionadas de manera específica por los funcionarios estatales se encuentran:

• El uso de pasamontañas, capuchas y gafas oscuras por parte del personal actuante.
• La ejecución de operativos vistiendo ropa de civil y utilizando vehículos sin distintivos ni logotipos oficiales.
• La negativa explícita de los agentes a identificarse formalmente ante las personas intervenidas o la comunidad.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, denunció que este tipo de acciones apresuradas y caóticas han provocado lesiones y situaciones de peligro innecesarias, afectando a personas que no representan un riesgo para la seguridad pública y paralizando negocios locales en diversos sectores.

Impacto en las familias, escuelas y la economía local

Los estados demandantes fundamentan su intervención en el daño directo que estas prácticas ocasionan dentro de sus jurisdicciones. Según los datos presentados ante el tribunal, los 22 territorios firmantes albergan en conjunto a más de 30 millones de inmigrantes, quienes representan aproximadamente el 19% de la fuerza laboral total de Estados Unidos.

Los fiscales alertan que la incertidumbre generada por las detenciones arbitrarias repercute de forma directa en servicios e industrias clave:

• Educación: Se ha registrado un incremento en la inasistencia escolar de estudiantes por temor a operativos en sus trayectos o viviendas.
• Salud pública: Trechos significativos de la población evitan acudir a centros médicos o buscar atención preventiva.
• Sector agropecuario y comercial: Trabajos en el campo y pequeños comercios sufren interrupciones debido al temor de los trabajadores de presentarse a sus puestos.
• Relación con la policía local: Se deteriora la confianza comunitaria necesaria para que las personas denuncien delitos ante las autoridades locales.

Estados participantes y estatus del litigio

La coalición legal está integrada por los fiscales generales de las siguientes demarcaciones: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y el Distrito de Columbia.

El proceso legal ya cuenta con un antecedente favorable a los demandantes. El pasado 2 de diciembre de 2025, un tribunal federal de distrito con sede en Washington concedió de forma parcial una medida cautelar preliminar a favor de los demandantes en el caso Escobar-Molina contra el DHS. Actualmente, el caso se encuentra bajo la revisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, donde se definirá si se mantiene la restricción a los arrestos sin orden judicial.