San Antonio demanda al Gobierno para frenar centro de detención de migrantes en una bodega

La ciudad de San Antonio, situada en el estado de Texas, presentó una demanda formal ante un tribunal federal para detener los planes del Gobierno federal encabezado por Donald Trump de convertir una bodega comercial en un centro de detención para inmigrantes con capacidad de alojar hasta a 1,500 personas.

Las autoridades locales denunciaron que la administración federal avanzó con este proyecto sin realizar previamente los estudios e informes de impacto ambiental que exige la normativa nacional. La acción judicial busca suspender las obras y cancelar el proyecto tanto de forma temporal como permanente antes de que las instalaciones comiencen a operar en el este de la ciudad.

Violación a las leyes ambientales y administrativas federales

La demanda presentada en Texas señala de manera directa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El gobierno municipal argumenta que ambas entidades incumplieron dos normativas clave:

• Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA): Obliga a toda agencia federal a elaborar una evaluación exhaustiva sobre el impacto ambiental antes de ejecutar obras de gran magnitud.
• Ley de Procedimiento Administrativo: Establece los reglamentos y pasos obligatorios que las agencias deben seguir al tomar decisiones ejecutivas y de infraestructura publicas.

El abogado municipal de San Antonio, Andy Segovia, subrayó que ninguna agencia federal, incluida el DHS, se encuentra exenta de cumplir con la elaboración de este tipo de evaluaciones ambientales previas. Segovia confirmó además que, en caso de que comiencen los trabajos físicos en el inmueble, la ciudad solicitará de inmediato una audiencia de emergencia ante el juez para paralizar la construcción.

Falta de infraestructura y riesgos para la salud pública

El centro proyectado se ubica en un inmueble de aproximadamente 59,458 metros cuadrados en el sector este de San Antonio. La edificación fue diseñada originalmente para el almacenamiento y transporte de mercancías, no para el alojamiento continuo de personas.

De acuerdo con el escrito presentado ante el tribunal, adaptar este edificio para albergar al menos a 1,000 personas detenidas requeriría multiplicar por casi quince la capacidad del sistema de alcantarillado asignado actualmente a la propiedad. La alcaldía advirtió que, si no se realizan obras de infraestructura masivas e indispensables, el recinto sufrirá desbordamientos de aguas residuales, generando condiciones insalubres graves tanto para las personas retenidas como para los vecindarios adyacentes.

A esto se suma que la bodega se encuentra construida junto a una zona catalogada como inundable, lo que incrementa el riesgo de crisis sanitarias y obstaculiza las labores ante cualquier respuesta de emergencia.

Proximidad a zonas comunitarias y falta de comunicación

Desde el mes de febrero, las autoridades de San Antonio enviaron un total de cinco cartas oficiales al Gobierno federal solicitando información detallada del proyecto. En junio, las autoridades federales se comprometieron a compartir informes técnicos y coordinar acciones con el municipio, pero posteriormente no enviaron documentación ni registraron avances.

La alcaldesa de la ciudad, Gina Ortiz Jones, declaró que el municipio agotó la espera ante la falta de transparencia. Por su parte, el concejal Jalen McKee-Rodriguez criticó la ubicación del recinto por su cercanía a escuelas, parques públicos y centros comunitarios, señalando que la estructura industrial no reúne las condiciones mínimas para albergar a 1,500 seres humanos.

Respuesta del Departamento de Seguridad Nacional y antecedentes

Frente a la acción judicial, un portavoz del DHS emitió un comunicado rechazando la postura de la alcaldía e insinuando que el recurso legal busca obstaculizar las políticas de seguridad fronteriza. Desde el DHS desestimaron los argumentos ambientales presentados por el municipio y cuestionaron la postura de las autoridades locales frente a las gestiones de la administración anterior.

Este caso en San Antonio se enmarca en un plan federal más amplio que fue filtrado en enero, en el cual el Gobierno buscaba adquirir más de 20 bodegas en distintas partes de Estados Unidos para habilitarlas como centros de detención migratoria. Sin embargo, la oposición de gobiernos locales y la presentación de demandas en tribunales han forzado al DHS a dar marcha atrás con proyectos similares en estados como Georgia, Utah y Michigan.