Deportaciones de ICE a terceros países en África: qué pasa si tienes un familiar detenido en Florida

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha iniciado notificaciones de deportación dirigidas a migrantes bajo custodia en el estado de Florida con el objetivo de enviarlos a terceros países del continente africano, entre los que se incluyen la República Centroafricana y Burundi. La medida alcanza a personas con padecimientos médicos graves que, según denuncias de activistas y defensores legales, no fueron aceptadas por México debido a sus necesidades de atención especializada continuada.

Situación en los centros de detención de Florida

Las notificaciones se concentran en personas recluidas en dos instalaciones del sur de Florida: el centro de procesamiento de Krome, ubicado en Miami, y el Centro Transicional de Broward, en Pompano Beach. Organizaciones civiles como The Workers Circle advirtieron que varios detenidos recibieron avisos sobre posibles traslados aéreos, sin que las autoridades migratorias hayan hecho públicos los planes de vuelo ni las listas definitivas de destino.

Entre los expedientes documentados por organizaciones de derechos humanos se encuentra el de un ciudadano cubano de 41 años detenido desde noviembre de 2025 tras acudir a una cita de control con ICE. El detenido padece diabetes tipo 2 dependiente de insulina y ha registrado tres episodios severos de pancreatitis aguda necrotizante que requirieron hospitalización previa. Durante su estancia en custodia federal ha perdido más de 50 libras de peso, pasando por las instalaciones de detención de Alligator Alcatraz antes de ser trasladado a Krome.

Los abogados defensores han cuestionado someter a pacientes con diagnósticos delicados a trayectos aéreos de hasta 24 horas bajo restricciones físicas de inmovilización, argumentando la falta de garantías para el suministro ininterrumpido de medicamentos y la supervisión médica adecuada durante y después del traslado.

El estatus judicial de las expulsiones a terceros países

La práctica de enviar a personas deportadas a naciones distintas a las de su origen o ciudadanía se encuentra en medio de un litigio en el sistema judicial federal de Estados Unidos. En septiembre, un tribunal federal de apelaciones emitió un fallo que declaró ilegal la política de expulsión hacia terceros países cuando no se otorga a los afectados una oportunidad efectiva para impugnar la orden.

Sin embargo, el 29 de septiembre, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó una suspensión temporal a dicho fallo. Esta decisión de la máxima instancia judicial permite que el gobierno federal continúe con los procedimientos de expulsión a terceros países mientras se resuelve la disputa de fondo. La Corte Suprema fijó para el 9 de diciembre una audiencia donde evaluará formalmente la legalidad de la medida.

Informes sobre las condiciones y antecedentes de traslados

Un informe publicado por la organización Human Rights Watch (HRW) el 8 de octubre detalló que entre enero de 2025 y agosto de 2026, Estados Unidos completó la deportación de 536 personas hacia países africanos donde no poseían ciudadanía ni vínculos familiares previa llegada. El documento registró irregularidades como el uso extendido de esposas en trayectos largos, falta de comunicación previa sobre el destino final y dificultades inmediatas para acceder a tratamientos médicos al arribar a los países receptores.

A esto se suman informes del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citados por investigaciones periodísticas sobre el hacinamiento en las dependencias. Una inspección federal reciente en el centro de Krome contabilizó 1,102 personas recluidas en un recinto diseñado para una capacidad máxima de 882, identificando además fallas en los servicios sanitarios y de atención básica.

Vías de acción para familiares y representación legal

Ante la notificación de una orden de expulsión a un tercer país o ante el traslado no anunciado de un familiar bajo custodia de ICE, los abogados de inmigración están recurriendo a mecanismos de emergencia en las cortes federales:

• Recurso de Hábeas Corpus: Es la herramienta legal principal presentada ante un juez federal de distrito para argumentar que la detención prolongada o la deportación a un país sin garantías médicas vulnera los derechos constitucionales del detenido.
• Solicitud de suspensión de deportación por motivos médicos: Presentación formal de expedientes clínicos completos ante la dirección del centro de detención y los oficiales a cargo del caso para certificar que el traslado implica un riesgo directo e irreversible para la vida.
• Notificación a organizaciones de defensa: El reporte inmediato de traslados a redes de abogados voluntarios y grupos de derechos civiles permite visibilizar el caso y coordinar acciones legales urgentes antes de la salida del vuelo.